El denominado “Plan de Reconstrucción Nacional” impulsado por el Presidente José Antonio Kast desató una intensa discusión en el Congreso y entre distintos actores económicos y sociales, luego de que el Gobierno decidiera acelerar su tramitación con urgencias legislativas.
Desde La Moneda se resolvió otorgar urgencia a 20 proyectos de ley, tres de ellos con discusión inmediata, lo que obliga al Parlamento a revisarlos en un plazo acotado. Entre las iniciativas prioritarias destacan la tipificación del ingreso irregular de migrantes como delito, la creación de un subsistema de inteligencia económica y una reforma constitucional vinculada a Gendarmería, enfocada en fortalecer el control del sistema penitenciario.
En el oficialismo valoraron la decisión. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que se trata de una señal clara en materia de seguridad: “Esto es lo que estaba esperando Chile”, afirmando que las medidas apuntan directamente a enfrentar delincuencia, narcotráfico y crimen organizado, ejes centrales de la campaña presidencial.
Críticas desde la oposición
Sin embargo, desde la oposición surgieron cuestionamientos al diseño del plan. El diputado del PPD, Raúl Soto, calificó como un “error” agrupar iniciativas tan diversas en un solo paquete, acusando que podría generar confusión tanto en el debate político como en la ciudadanía.
Pese a ello, aclaró que evaluarán cada propuesta por separado: “Vamos a apoyar lo que sea positivo para el país y rechazar lo que implique retrocesos”, señaló.
En la misma línea, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, advirtió que algunas medidas podrían significar un “retroceso en derechos sociales”, mientras que desde el PDG, el diputado Patricio Briones respaldó el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, aunque pidió mayor incorporación de tecnología en las políticas propuestas.
Medidas económicas generan división
El plan, presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, contempla más de 40 medidas económicas y sociales, entre ellas la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%, la eliminación temporal del IVA a viviendas nuevas y cambios en beneficios como la gratuidad en educación superior.
Estas propuestas han generado inquietud en sectores políticos, especialmente por eventuales modificaciones a derechos sociales previamente consolidados.
Apoyo empresarial y críticas sindicales
Desde el mundo empresarial, en tanto, hubo una recepción más favorable. La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, valoró la rebaja tributaria, señalando que Chile ha perdido competitividad frente a economías de la OCDE, y que estas medidas podrían incentivar la inversión y el crecimiento.
Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, llamó a analizar en detalle la eliminación del IVA a viviendas, indicando que su impacto dependerá del tipo de proyectos que se incluyan.
Distinta es la mirada desde el mundo sindical. Desde la CUT, su dirigencia cuestionó duramente el enfoque del plan, acusando que favorece a las empresas en desmedro de los trabajadores. En particular, criticaron la rebaja de impuestos y advirtieron sobre eventuales retrocesos en materia laboral.
Sala Cuna y negociaciones en curso
En paralelo, el proyecto de Sala Cuna universal vuelve a tomar relevancia dentro de la agenda legislativa. Desde el Senado, su presidenta, Paulina Núñez, aseguró que existe un compromiso para avanzar en la iniciativa, aunque reconoció que el principal obstáculo sigue siendo el financiamiento del proyecto.
Mientras continúan las conversaciones prelegislativas, el Plan de Reconstrucción Nacional se instala como uno de los principales focos del debate político, con un escenario marcado por divisiones, apoyos parciales y negociaciones clave en el Congreso.
