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Cuenta regresiva para nueva reducción laboral: desde abril la jornada en Chile bajará a 42 horas

La implementación gradual de la Ley de 40 Horas entra en una etapa clave en 2026, con cambios obligatorios en la duración del trabajo semanal y nuevas implicancias para trabajadores y empleadores.

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El próximo 26 de abril de 2026 marcará un nuevo hito en la transformación del sistema laboral chileno. Ese día entrará en vigencia la segunda fase de la Ley 21.561, que reducirá la jornada máxima desde 44 a 42 horas semanales, como parte del proceso gradual que culminará en 2028. La medida forma parte de una reforma estructural que busca redefinir el equilibrio entre trabajo, descanso y calidad de vida.

La normativa, vigente desde abril de 2024, estableció un calendario progresivo para disminuir la jornada laboral en un periodo de cinco años. La primera reducción se aplicó al pasar de 45 a 44 horas, mientras que la etapa de 2026 consolidará una nueva disminución obligatoria. El objetivo final es alcanzar las 40 horas semanales, estándar que convertirá a Chile en uno de los países de la región con menor carga horaria legal.

Uno de los principios centrales de la ley es la protección salarial, ya que la reducción de la jornada no puede implicar una disminución de remuneraciones. Esta garantía aplica a trabajadores con contrato indefinido o a plazo fijo regidos por el Código del Trabajo. Desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social han reiterado que el ajuste debe realizarse manteniendo las mismas condiciones económicas, resguardando la estabilidad de los ingresos.

La normativa también incorpora mecanismos de flexibilidad, que permiten adelantar o retrasar hasta en una hora el inicio de la jornada para facilitar la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Este derecho puede ser ejercido por personas con hijos menores de 12 años, previa acreditación ante el empleador. Según la plataforma estatal ChileAtiende, estas medidas buscan adaptar la organización laboral a necesidades familiares sin alterar el cumplimiento de la jornada legal.

Sin embargo, la implementación también ha puesto el foco en los trabajadores a honorarios, quienes formalmente no están cubiertos por esta normativa. De acuerdo con datos de la Dirección de Presupuestos, más de 32 mil personas trabajan bajo esta modalidad en el sector público. Especialistas advierten que, en casos donde exista subordinación efectiva —como cumplimiento de horarios o supervisión directa—, podría configurarse una relación laboral, abriendo la puerta a fiscalizaciones, denuncias o demandas.

La reducción progresiva de la jornada representa uno de los cambios laborales más relevantes de las últimas décadas en el país. A medida que se acerque 2028, empresas y trabajadores deberán ajustar sus dinámicas a un nuevo marco que prioriza el tiempo personal sin afectar los ingresos. La próxima reducción a 42 horas no solo marca un ajuste técnico, sino también un paso decisivo hacia una nueva forma de organizar el trabajo en Chile.

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